Para pasar a la acción, lo mejor es empezar con medidas experimentales en función de la información conseguida. También deben ser medidas certificadas, que cumplan con la legislación vigente. Para ello, es imprescindible efectuar un detallado diagnóstico de la situación. En él se establece qué parámetros cumplen con la normativa y cuáles no.
El objetivo es analizar la desviación que pueda haber entre la información recopilada con la que debería existir. Es decir, se pretende medir la capacidad de ahorro de energía de la zona.
Antes de proceder a la elaboración del informe final, también hay que cuantificar una serie de propuestas. En ellas se debe ver reflejado el ahorro que conllevaría la adopción de cada medida. Esta información tiene que cuantificarse en cifras energéticas (kilovatios por hora al año), económicas (euros anuales) y medioambientales (volumen de dióxido de carbono anual).
Estas medidas pueden presentar considerables diferencias entre sí, ya sea por su naturaleza o por el gasto que conllevan. Su grado de complejidad también puede variar enormemente. Algunas de las más habituales son reducir la potencia en la iluminación del alumbrado comunitario o la apuesta por instalaciones fotovoltaicas. Cualquier actuación que, en definitiva, sustituya los equipos existentes por otros mejores.